La devastación causada por los terremotos reaviva el reclamo por la devolución de los activos venezolanos retenidos en el exterior, mientras el país enfrenta la emergencia con recursos limitados por las sanciones internacionales. La tragedia abre un nuevo debate sobre los miles de millones de dólares y reservas de oro congelados fuera de Venezuela.
Stella Calloni
Estados Unidos y Gran Bretaña debieran levantar de inmediato la restricción a miles de millones de dólares en pesos y en oro respectivamente, retenidos desde el comienzo del bloqueo contra Venezuela en 2017-2019, como una mínima acción de justicia y ética ante la tragedia del terremoto.
En Venezuela se produjeron se producen dos terremotos, uno tras otro, con una destrucción inusitada en la propia capital y especialmente en La Guaira, zona de playa y lugar turístico con una cantidad de edificios de grandes torres, muchas de las cuales se desplomaron como cartas de naipe, dejando una cantidad de muertos, desaparecidos y heridos no cuantificados hasta ahora definitivamente. Y resultaron destruidos los aeropuertos de Caracas y de La Guaira y las carreteras se agrietaron impidiendo la llegada por aire y por tierra a la zona más golpeada por el sismo.
Ningún país en el mundo puede estar totalmente preparado para este tipo de desastre natural de dos potentes terremotos como sucedió el 24 de junio en Venezuela, y más aún bajo un bloqueo de casi una década. Ello sin mencionar la Operación militar quirúrgica que ordenó el gobierno de Donald Trump en la madrugada del pasado 3 de enero de este año para secuestrar al presidente en funciones Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores, dejando muerte y destrucción.
Pasado el 3 y 4 de enero Trump decidió adjudicar al secretario de Estado (canciller) Marco Rubio, de oscuro pasado y también de oscuro presente, otra tarea como “administrador” o “interventor” en Venezuela, como si este país fuera un Estado propio, después de reconocer a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como mandataria encargada.
El gobierno de Trump comenzó a imponer medidas como el control del dinero de la venta del petróleo venezolano que pasó al Tesoro estadounidense y también de sus reservas petroleras, las más grandes del mundo y llamó a compañías privadas de su país para invertir rápidamente en Venezuela y de ahí en adelante una medida tras otras desconociendo la soberanía nacional.
Se habló de un gobierno de “transición” hacia lo que llama “democracia” Washington, es decir, para que el control del país quede en sus manos finalmente.
Un poco de historia
En 2014 el Congreso de Estados Unidos aprobó una Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil, cuando la campaña mediática estaba orientada a tratar de destituir a Nicolás Maduro, ya que después del golpe de 2002 contra el presidente Hugo Chávez Frías, restituido por el pueblo y las fuerzas de defensa patrióticas 48 horas después y fracasar en todos los intentos posteriores, creyeron que con su muerte el 5 de marzo de 2013 se terminaba la Revolución bolivariana.
Pero Maduro, sucesor de Chávez, fue electo en 2014 y desde ese momento comenzaron los intentos de destitución, de toda índole, incluyendo frustradas acciones de magnicidio y de invasiones armadas. La ley 2014 fue el antecedente para restringir negocios con el Estado venezolano. En 2015 el presidente Barack Obama emitió una Orden Ejecutiva declarando a Venezuela una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense.
En el 2017, durante la primera presidencia de Trump, se prohibió a Venezuela emitir nueva deuda, abriendo el antecedente para restringir su acceso a los mercados financieros de Estados Unidos y en agosto de 2019, bajo la orden ejecutiva 13884, se impuso el bloqueo económico y comercial, congelando todos los activos del gobierno venezolano y prohibiéndole cualquier transacción comercial o financiera.
Se calcula que existen alrededor de cinco mil millones de dólares bloqueados en bancos internacionales debido a sanciones y embargos financieros de Estados Unidos y Europa, incluyendo activos como los lingotes de oro valorados en unos mil 359 millones de euros en el Banco de Inglaterra y grandes sumas depositadas en instituciones de Portugal, Japón y Estados Unidos, dineros que suman miles de millones de dólares que deben ser devueltos a Venezuela.
La más grande refinería venezolana CITGO en Estados Unidos fue también confiscada y vendida por cinco mil 990 millones de dólares a la empresa estadounidense Amber Energy, cuando su valor real se estimaba en 15 mil millones de dólares. Cifras astronómicas, mientras Venezuela bloqueada no podía vender petróleo, ni comprar productos a otros países bajo el control imperial.
¿Cuántos millones de dólares perdió Venezuela durante el bloqueo que aún no se ha levantado? Millones de dólares entre los que se confiscaron en bancos, como uno de Portugal donde se habían depositado más de once millones de dólares para comprar medicamentos, cuya entrada se impedía a Venezuela, lo que violentaba los derechos humanos de todo el pueblo.
Por estas horas Estados Unidos sostiene que ha desbloqueado los fondos destinados por el gobierno de Venezuela para enfrentar los desastres naturales que estaban también confiscados. El mundo tiene que pedir el resarcimiento de todos los fondos confiscados a ese país.
Venezuela necesita toda la solidaridad del mundo en estos momentos, pero también la justicia internacional denegada desde hace más de una década, el castigo a la guerra mediática que condena a los pueblos de los países que sólo exigen el respeto a su autodeterminación, después de siglos de dominación y saqueos.
El gobierno venezolano debe controlar la venta de su petróleo y de todos sus productos. No es el Estado 51 de Estados Unidos, y no puede permitir el mundo que este país le exija concesiones que convertirán a la República Bolivariana en una colonia más de Norteamérica ni de nadie. PL
(Fotos: Pixabay)
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