Una minera británica está contaminando el agua que beben más de 100.000 personas al sur de Perú. The Prisma documenta cómo la extracción de metales que necesitan los países desarrollados para lograr una energía libre de combustibles fósiles provoca la degradación ambiental en el hemisferio sur y pone en duda la sustentabilidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030.
Pablo Muñoz
En abril de 2015, Paula Caballero publicó un corto artículo
en el blog del Banco Mundial sobre las consecuencias de la polución global. La diplomática colombiana hablaba sobre la necesidad de actuar frente a la contaminación pues su efecto en agua, aire y tierra de cultivo estaba causando entonces alrededor de nueve millones de muertes en el mundo. La cifra más reciente, de 2021, es de 12,8 millones.
En realidad, Caballero escribía sobre un tema que, desde hacía ya un tiempo, quería que se abordara apremiantemente en el seno de las Naciones Unidas (UN). Como directora senior de la Práctica Global de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Banco Mundial entre los años 2014 y 2016, su labor quedó profundamente vinculada a la Asamblea General de la ONU de 2015. Entonces, a raíz de sus esfuerzos, se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), más conocidos como la Agenda 2030.
Los acuerdos fueron aprobados por unanimidad por los 193 Estados Miembros de las UN en septiembre de 2015. Incluían 17 objetivos como parte de una declaración de compromisos voluntarios, éticos y políticos para abordar temas tan acuciantes como eliminación del hambre, igualdad de género, acción climática y acceso a agua limpia. Gracias a esto muchos estados, principalmente en el mundo rico, han llevado a cabo una acelerada inversión en energías renovables en años recientes.
El Sustainable Development Report monitorea el progreso de los países en relación con al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. El Reino Unido queda octavo en la lista.
Sus esfuerzos para con las energías renovables, como por ejemplo la solar, quedan cohibidos recurrentemente por la falta de infraestructura que permita almacenar y transportar esa energía. Ed Miliband, secretario de Estado para la Seguridad Energética y Net Zero, dijo en 2025 que se centraría en una “revolución de azoteas” mientras abordaba barreras en planificación, red y cadenas de suministro. Para superar estas barreras, se estima que la cantidad de recursos minerales necesarios, como litio, grafito, cobalto, aluminio y cobre – entre otros – va a aumentar exponencialmente. En el caso del cobre, por ejemplo, se calcula que la cantidad requerida en 2035 será veinte veces mayor que la cantidad usada en 2024. En lo que se lleva 2026, un 12% de la producción mundial de cobre – uno de los minerales que el Reino Unido considera fundamental para su crecimiento y desarrollo económico – ha provenido de Perú, segundo productor mundial de este metal después de Chile.
En la evaluación de 2025 del desarrollo de países nórdicos en cuanto a la implementación de la Agenda 2030, el Sustainable Development Report recordó que estos países – que encabezan los primeros puestos de acción – son a su vez catalizadores del impacto negativo que los objetivos de la Agenda tienen en terceros países.
La ambición global por alcanzar la transición ecológica parece tener ganadores y perdedores, donde aquellos que producen la materia prima que permite el desarrollo económico suelen ser los menos beneficiados.
Sobre esta situación The Prisma ha investigado un caso en el Perú: En Moquegua, al sur del país, una mina de cobre que aspira a ser de las más importantes del mundo, la mina de Quellaveco, es operada por la minera británica Anglo-American. Tras el proceso de privatización de recursos del gobierno de Alberto Fujimori en los 90 -algo que Harold Macmillan criticó de las privatizaciones de Margaret Thatcher como “vender la plata familiar”-, Anglo-American adquirió los derechos del yacimiento en 1992 por US$ 12 millones. Desde entonces, Anglo-American Quellaveco (AAQ) inició el proceso para comenzar la extracción de metales del yacimiento. Como parte del mismo, se estableció una Mesa de Diálogo en la que participaron el gobierno central y local, la sociedad civil junto con comunidades locales y la empresa privada.
De este espacio nació, en 2012, la mina de Quellaveco, acordándose en el mismo 26 compromisos buscando proteger a la zona de la actividad minera.
La actividad en la mina Quellaveco requería del desvío del río Asana -fuente principal de la ciudad de Moquegua, una población de unos 100.000 habitantes a 35km al suroeste de la mina- por lo que el pueblo solicitó la inclusión del Acuerdo 11, por el que la empresa debía construir una represa de 2,5 millones de metros cúbicos aguas arriba del desvío del río, para salvaguardar la salubridad hídrica en la zona.
La empresa – que entra en su cuarto año de explotación minera sin aún haber construido la presa prometida en 2012 – realiza Monitoreos Ambientales Participativos (MAPs) junto con autoridades y representantes ciudadanos -a través del Comité de Monitoreo Quellaveco (CMQ).
Según AAQ, estos han “tenido resultados que están en concordancia con los resultados de los monitoreos ambientales que efectúa la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)”, los organismos oficiales peruanos de escrutinio a la actividad minera. Puesto que, a la fecha de esta nota, la misma empresa reconoce haber cumplido únicamente con ocho de los 26 acuerdos, grupos como Red Muqui (una red de instituciones peruanas que trabaja por los derechos de las personas afectadas por las actividades mineras), la Federación Agraria y Ambiental de Moquegua (Facaremoq) en Perú, la London Mining Network (LMN) y Perú Support Group desde Londres, están trabajando para que la empresa cumpla con el Acuerdo 11.
El 29 de abril de este año, representantes de la Red Muqui, junto con Perú Support Group y la London Mining Company, asistieron a la Junta de Accionistas de Anglo-American en Londres. Allí expresaron su rechazo a las acciones de AAQ respecto a su impacto medioambiental y social en Moquegua, así como su preocupación por el incumplimiento de construir una represa en el río Asana, incluso 14 años después de haberse comprometido a ello.
El mismo día, LMN organizó una conferencia en la University College London (UCL), a la que The Prisma asistió. En ella hablaron Edwin Alejandro, representante de la Red Muqui y Lucio Flores, presidente de Facaremoq, quienes expusieron los daños colaterales al medio ambiente y salubridad hidráulica por la actividad minera de AAQ y presentaron un estudio realizado por la cooperación entre las comunidades de Moquegua, Red Muqui, Facaremoq, DHUMA, TerraJusta y LMN.
El estudio expone la decadencia ambiental que AAQ ha traído consigo a la zona y resalta el incumplimiento de acuerdos, lo cual es motivo de detención de actividad minera por el Gobierno central, según estipula el Acta Final de la Mesa de Diálogo de 2012. Según dijo Edwin Alejandro a The Prisma, AAQ tiene que decir “con firmeza” cuándo va a comenzar la construcción de la represa, pues “si no [lo hacen] es que nos están mintiendo”. Según dice, la empresa ha ido con falsas promesas desde hace años, echando balones fuera.
Sin embargo, en julio de este año la empresa anunció el inicio del proceso de construcción de la represa del río Asana.
The Prisma habló con representantes de Red Muqui y Facaremoq para indagar sobre las promesas de AAQ y otroas aspectos de esta problemática socioambiental. Esta conversación y situación expuesta, será publicada en nuestra segunda entrega la próxima semana.
(Fotos suministradas por Red Muqui y autorizadas para su publicación en The Prisma)
.jpg)
