Catorce años después de comprometerse a construir una represa en el río Asana, esta aún no ha sido construida. Organizaciones y ciudadanos de Moquegua denuncian contaminación del agua y cuestionan los controles sobre una actividad minera orientada a abastecer de metales la economía libre de combustibles fósiles.
Pablo Muñoz
Anglo-American Quellaveco (AAQ), una mina de cobre al sur de Perú, a 35 kilómetros de la ciudad de Moquegua, fue construida entre 2018 y 2022 en una sección de la vaguada del río Asana, del que beben más de 100.000 moqueguanos.
La necesaria disrupción del cauce para activar el yacimiento llevó a la minera británica a desviar el río, bajo la promesa, en 2012, de construir una presa río arriba. Tras cuatro años de actividad en Quellaveco y 14 de su promesa, el embalse del río Asana continúa inexistente. Organizaciones locales e internacionales han cooperado investigando los efectos de la mina en la región. Red Muqui, la Federación Agraria y Ambiental de Moquegua (Facaremoq), DHUMA, Terra Justa, London Mining Network, y líderes sociales y agricultores en la región, presentaron en mayo el estudio, resultado de la recopilación de datos e investigación desde 2019.
Bladimir Martínez y Lucio Flores son autores del estudio, y hablaron con The Prisma, que en nuestra edición pasada documentó cómo la extracción de metales realizada por los llamados países del Norte para lograr una energía libre de combustibles fósiles impacta negativamente a los países del Sur.
Martínez, ingeniero ambiental en Red Muqui, es el autor principal de la investigación sobre la acción minera en Quellaveco. Su primera visita a Moquegua se dio ante denuncias sobre “partículas brillantes” en el agua en ciertas épocas del año.
La investigación concluyó “que 18 de los 21 distritos que forman parte de Moquegua presentan algún nivel de exposición de metales pesados en agua”, como “arsénico, aluminio, cadmio” y “hasta uranio”. El estudio no encontró la razón de contaminación del agua, pero sí incluye un registro de más de 1.000 personas con diagnóstico de consumo de metales pesados en el año 2024. En 2025 esa cifra ascendió a más de 1.200 casos, con más del 70% siendo niños de entre 1 y 12 años.
La desviación del río Asana es una de las posibles explicaciones. Martínez dice que tanto el FMI como el Banco Mundial “tienen a Quellaveco como uno de los más exitosos a nivel global”, como “altamente sostenible”. En 2025 ganó el premio a la innovación tecnológica en los Peru Mining Excellence Awards. Sin embargo, Martínez lamenta que “por más responsable que sea la empresa minera, si se pone en un lugar donde nunca debió estar, que es en el lugar donde se encuentra el agua de la cual beben más de 200.000 personas, lo que tienes es lo que pasa ahora.” Dice que lo responsable por parte de AAQ hubiese sido decir: “No hago minería ahí.”
Lucio Flores, presidente de Facaremoq, dice que “el Estado Peruano ha impuesto una propuesta minera en esta microcuenca”, firmando unos acuerdos “a espaldas del pueblo” con AAQ, “para obtener la autorización para explotar este proyecto minero”.
En estos 26 acuerdos, según dice Flores, “lamentablemente no hay ninguna disposición jurídica que exija su estricto cumplimiento”. De hecho, en febrero del 2026, AAQ reconoció que la construcción de la presa era inviable debido al terreno pantanoso, ofreciendo a Moquegua un fondo hídrico de 140 millones de soles (alrededor de $41 millones) a cambio del incumplimiento definitivo del Acuerdo 11.
Rechazada por la población, la propuesta provocó movilizaciones en Moquegua, y finalmente llevó a AAQ a recular, comprometiéndose a la construcción de la represa. En julio, la empresa anunció el inicio de “trabajos preliminares de geotécnica”, lo cual, como apunta Flores, hace entender a los ciudadanos “que la empresa no sabía dónde iban a hacerlo, y que no tienen permisos de los propietarios de los terrenos donde quieren construir”.
Flores lamenta la “indiferencia por parte de las autoridades, por parte del gobierno central” para hacer que la empresa “asuma sus responsabilidades”.
Martínez expresa cierta desconfianza respecto a los organismos oficiales, recordando el estudio de 2019 de Francisco Durand sobre la captura corporativa del Estado en América Latina. El poder económico de la minería en Perú incrementa el interés del Estado por favorecer este tipo de inversión. Según el Boletín Estadístico Minero de mayo de 2026, existió “un fuerte crecimiento de la inversión”, consolidando a la minería como “uno de los principales motores de la economía nacional”.
Y cita un ejemplo sobre esto: en 2012, el Estado crea el Senace para separar la labor de promoción minera y evaluación técnica, antes únicamente bajo orden del Ministerio de Energía y Minas, buscando así legitimar el proceso de aprobación de megaproyectos mineros. En 2023, se hicieron públicos audios de Joanna Fischer, la entonces presidenta del Senace, presionando a su equipo de trabajo para aprobar de manera inmediata, y sin considerar observaciones importantes, un estudio de impacto ambiental a favor de un proyecto minero de la Compañía Minera Ares.
Según Martínez, “el Ministerio de Energía y Minas ha demostrado durante su historia no ser un órgano competente”, y subraya que los informes de parte de organismos oficiales “fallan mucho: en agua, en material particulado, en sedimentos”.
“Mi opinión es que ahí sí se oculta información,” dice. “Pero ahora sí está generándose espacios para que dirigentes mayormente críticos puedan estar.” Añade con preocupación que “esto va a cambiar con la llegada del nuevo gobierno”, refiriéndose a Keiko Fujimori -en la Presidencia desde el 28 de julio-, a la que ve “más cercana a la protección de los intereses mineros”. Ejemplo de ello es que el 9 de agosto, dos semanas después de asumir el cargo, Fujimori reinstauró a Fischer Battistini como presidenta del Senace. Sobre las mejoras de los organismos públicos a raíz de la creación de la OEFA, Martínez señala que esta es “una entidad que se ha fortalecido técnicamente muchísimo estos años, desde su creación en 2008 hasta la actualidad. Han logrado demostrar la responsabilidad en la contaminación ambiental de varios casos de empresas mineras en el Perú.”
Menciona que ha tenido la oportunidad de leer 19 informes de la OEFA sobre la actividad de mineras como Minsur, Antamina, Southern Copper Perú, y Quellaveco, y que “en todos los casos demuestran cómo estas empresas contaminan el medio ambiente”, incluso llegándose a demostrar “cómo el cobre y el molibdeno de estas operaciones logra bioacumularse en reptiles salvajes”.
Flores, por su parte, recuerda que no es solo el medioambiente lo que queda afectado por minerías, sino que además “se está consumiendo agua no apta para consumo humano”. Dice que “se consiguió que el agua que se consume en esta zona sea repartida con camiones cisterna”. Al pedirse que se analizase esa agua, según comenta, “sorpresivamente” hasta esa agua repartida en cisternas “habían tenido metales pesados”.
Al recordar que existen más propuestas para proyectos mineros en la zona se pregunta “qué va a ser de la población, las futuras generaciones”. Con dureza exclama: “El Estado Peruano, en pocas palabras, poco le falta decir que la población de Moquegua debe ser erradicada.” Recuerda el caso de Cerro de Pasco, donde la actividad minera ha afectado a la población de tal modo que la ONU considera la ciudad como una de las más contaminadas del mundo.
En la primera mitad del año 2025, los petitorios -solicitudes del derecho de explotación minera- fueron 4.160. En el mismo intervalo, las cifras de 2026 se incrementaron a 6.524, un crecimiento de casi el 57%.
Red Muqui consiguió “identificar la cadena de suministro”, según dice Martínez. Uno de los cargamentos de cobre que se extrajo de Quellaveco llegó a Alemania, país en el que existen leyes de debida diligencia.
Es por ello que, en noviembre del 2025, Red Muqui, con apoyo de autoridades y representantes locales, alegó ante la Oficina Federal de Economía y Exportaciones, BAFA por sus siglas en alemán, que “las excedencias de metales pesados se encuentran todas debajo de las operaciones mineras”, incluyendo además “los incumplimientos de compromisos”.
A partir de entonces las comunicaciones por parte de la empresa “se han puesto mucho más agresivas, anunciando proyectos hídricos, agrícolas y otros apoyos”, menciona Martínez. “Todo lo que estaba dormido ahora están haciendo como que fuera a iniciarse mañana.”
The Prisma contactó a AAQ para conocer su opinión sobre las circunstancias que rodean el caso. Anglo-American señala que desde 2019 ha evaluado alrededor de 70 opciones para el sistema de almacenamiento de agua. Según la empresa, diversas alternativas fueron descartadas por factores “técnicos, ambientales, de seguridad o regulatorios”, así como por restricciones de acceso para realizar estudios. La compañía asegura haber identificado finalmente una alternativa que “cumple con los requerimientos de almacenamiento, seguridad, ubicación y viabilidad ambiental”. El 11 de junio, presentó ante el CMQ un “cronograma optimizado para la ejecución del sistema de almacenamiento”, considerando los procedimientos administrativos, permisos y evaluaciones correspondientes. La empresa añade que en esa misma sesión presentó iniciativas complementarias para “fortalecer la actividad agrícola y contribuir a la mejora de la gestión hídrica en la región”.
Su vocero expresó que AAQ reafirma “su compromiso con la implementación del Compromiso 11 y continuará informando sus avances en el marco del CMQ, mientras sigue desarrollando iniciativas de fortalecimiento agrícola e hídrico que contribuyan al desarrollo sostenible de Moquegua.”
Aún sin un documento que establezca formalmente la intención de la empresa de comenzar la construcción de la represa, como apunta Lucio Flores, los ciudadanos de Moquegua continuarán “pidiendo el apoyo a organizaciones nacionales e internacionales” para así “hacer prevalecer los derechos de la población”.
(Fotos suministradas por Red Muqui y autorizadas para su publicación en The Prisma)
.jpg)
